El final del siglo XX quedará grabado para siempre en la
historia de la humanidad por los vertiginosos cambios políticos y sociales que
se sucedieron en el transcurso de tres años: 1.989, 1.990 y 1.991.El imparable
ciclo de sucesos comienza con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de
1.989, sigue con el derrumbe de los socialismos en Europa de Este, pasa por la
crisis y Guerra del Golfo Pérsico en 1.990 y 1.991, y se cierra con el
desmembramiento de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1.991.Culmina así
el orden mundial de Guerra Fría que tuvo en vilo al planeta durante cuarenta y
cinco años.
Estados Unidos resultó la única superpotencia victoriosa de
esta contienda. En la República Argentina, se producía en 1.989 el primer
traspaso del poder presidencial de un presidente constitucionalmente elegido a
otro desde 1.973, cuando Lastiri pasase a Perón los atributos de mando. Menem,
y su grupo de asesores más cercanos, estaban decididos a desplegar una accionar
exterior que reinsertarse a la República Argentina en una posición destacada en
el sistema internacional.
Para ello, encaró una serie de reformas políticas y
económicas estructurales tanto en el ámbito interno, como en el exterior. Menem
se vio claramente influido por los sucesos del contexto internacional. Siendo
Estados Unidos el único poder hegemónico que se erguía en el mundo en la década
que se iniciaba, el mandatario argentino resolvió firmemente alinearse en lo
político con el país del norte, superando definitivamente una larga historia de
desencuentros en las relaciones bilaterales.
La Guerra del Golfo fue el test case por excelencia que
demostraría hasta qué punto llegaría la adhesión de Argentina al orden impuesto
por Estados Unidos.
El proceso de toma de decisiones al respecto, se caracterizó
por su alto grado de concentración en la figura del Presidente de la Nación y
de algunos de sus ministros más emblemáticos, como el Canciller Domingo Cavallo
y el Ministro de Defensa Humberto Romero.
En otras palabras, se dio un proceso decisorio que puede
encuadrarse teóricamente dentro del Modelo I descrito por Graham Allison en su
libro
“La Esencia de la
Decisión”: "
El intento de explicar los acontecimientos internacionales a
través del recuento de los propósitos y cálculos de naciones o gobiernos
constituye la marca distintiva del Modelo de Actor Racional.(Allison,
1.987:31).
Prácticamente no se dio cabida ni al Parlamento ni a la
opinión pública en el proceso. La decisión fue tomada por el gobierno,
realizando un cálculo racional de costos y beneficios. Argentina envió
finalmente fuerzas armadas al Golfo para integrar la coalición multilateral que
liberó Kuwait aún sin haber contado nuestro país con el pedido de ayuda militar
de Estados Unidos.
El contexto internacional en esta oportunidad se mostró lo
suficientemente flexible como para permitirle a nuestro país semejante jugada.
La presencia de una nación sudamericana en la coalición era funcional a las
necesidades de los protagonistas de la contienda de legitimar
internacionalmente una operación de la envergadura de TORMENTA DEL DESIERTO de tal manera que no fuese vista por los
estratégicamente imprescindibles aliados árabes como una incursión imperialista
de Estados Unidos.
Luego del discurso del presidente George Bush del 11 de septiembre de 1.990, en el que el
presidente estadounidense hizo referencia al surgimiento de un Nuevo Orden
Internacional, Menem percibió claramente que el sistema estaba ante una
instancia excepcional de redefinición de sus reglas de juego futuras.
Se trataba de un momento en el que había dos alternativas
dicotómicas de opción estratégica:
1) neutralismo absoluto como rasgo general de su política
exterior (respondiendo a una de las más constantes variables de la política
exterior argentina que subsistía aún en esa época); o bien
2) adhesión irrestricta al esquema planteado por Washington
y participación activa dentro del mismo (aún sin la solicitud expresa de la
potencia del norte). De esta actitud, se obtendrían claros beneficios, y se
minimizarían los costos en todo sentido. Los beneficios, como bien lo expresó
Escudé tiempo después de las operaciones, implicarían:
a) entrenamiento gratis y del mejor nivel para la Armada
Argentina;
b) buenos sueldos
para los hombres que participaron de la operación (cosa que escasea en esta
época de bancarrota del Estado argentino);
c) Importantes
negocios en la reconstrucción de Kuwait en el campo de barrido de minas y en la
extinción de incendios de pozos petroleros;
d) un incipiente nuevo rol para unas fuerzas armadas
argentinas que están gravemente necesitadas de una razón de ser y de una misión
significativa, ahora que las principales hipótesis de conflicto con los países
limítrofes han quedado descartadas.
Los costos, medidos en términos económicos no habrían de producirse,
dado que se acordó con los países directamente afectados por la crisis, que
serían éstos los principales financistas de la participación de nuestras tropas
en la coalición libertadora.
En efecto, cuando el ministro de energía y agua de Kuwait visitó
Argentina a mediados de septiembre de 1.990 para solicitar oficialmente la
participación de nuestras fuerzas en la coalición libertadora, la condición fue
el compromiso del Emirato de depositar 22 millones de dólares en un banco
londinense para financiar las operaciones. En septiembre de 1.990, las
arcas de la República se veían absolutamente imposibilitadas de costear las
operaciones de la Armada, a pesar de la voluntad política demostrada por el
gobierno.
En el caso concreto que estoy estudiando, el representante
del Ejecutivo que más actividad desplegó después del presidente para la
implementación de la decisión y su posterior defensa, fue sin dudas el entonces
Ministro de Relaciones Exteriores Domingo Cavallo. Apenas se produce la
invasión iraquí de Kuwait, Menem comenta a su Canciller que tiene intenciones
de mandar tropas a la zona; dado que avizoraba la formación de una coalición
internacional contra el régimen de Saddam Hussein, de la que no quería quedar
fuera.
De la misma manera, adhiere sin demora a la resolución 661
del Consejo de Seguridad de la ONU, que preveía sanciones económicas y
comerciales contra él o iraquí. Sin embargo, Cavallo no se mostraba demasiado
convencido al comienzo del envío de fuerzas al Golfo.
Específicamente porque calculaba que tal determinación
acarrearía costos políticos internos, según lo demostraban las opiniones de
otros funcionarios que había consultado. Menem, con todo, exhortó a su ministro
a literalmente “no escuchar a nadie que se opusiese a su iniciativa”. Cavallo
considera que Argentina debería actuar adhiriendo a las medidas que las Naciones Unidas tomasen con relación a Irak,
pero consideraba exagerado el envío de tropas a la región.
A pesar de esto, el presidente envió a su ministro a sondear
opiniones al exterior para que se convenciera por sí mismo de lo acertado de su
decisión. Así se entrevistó en Italia con el demócrata cristiano Primer
Ministro Andreotti; con el socialdemócrata presidente Craxi y con su Canciller
De Michelis, de la misma extracción partidaria.
Los tres políticos se mostraron
interesados en la participación argentina en las operaciones de algún modo,
dado que la presencia de un Estado latinoamericano contribuiría a legitimar
diplomáticamente las acciones de las naciones Unidas (embargo total, según la
resolución 661/90 del Consejo de Seguridad) ante el resto los países árabes,
que no verían detrás de todo una acción estadounidense tendiente a agredir al
Islam, como proclamaba Hussein.
En los mismos términos se pronunció el presidente egipcio
Mubarak, y su entonces Canciller Boutros Galhi. Ante estos argumentos, Cavallo
se convenció definitivamente que Argentina debía participar no solamente de las
sanciones, sino que también debía mandar tropas en caso de conformarse una
coalición militar multinacional para apoyar tales medidas.
En virtud de ello, instruye a su jefe de gabinete, Guillermo
Seita, para que consulte al Consejo Superior de Embajadores - órgano que según
el artículo 26 de la Ley de Servicio Exterior fue creado para asesorar al
Canciller en materia de política exterior – para que se elaborase un plan para
el envío de fuerza al Golfo. A partir de ese momento, aunque de manera
subordinada a la férrea voluntad presidencial, entra a jugar en este proceso
decisorio el segundo actor de este proceso decisorio: la Cancillería argentina.
Es destacable el hecho que Cavallo, a diferencia de su
sucesor Guido Di Tella, consultaba frecuentemente al Consejo Superior de
Embajadores, además de a sus asesores privados. En esta ocasión, en el
mencionado órgano, todos, salvo el Embajador Lucio García del Solar se
pronunciaron a favor de la medida. Sin embargo, otros sectores del Palacio San
Martín se manifestaron en desacuerdo con el posible envío de tropas.
Desde el punto de vista de
los funcionarios encargados del área de política exterior del ministerio, se
adujo que el involucramiento argentino quebraría la larga tradición argentina
de neutralidad en los conflictos bélicos extra regionales.
Este
argumento fue decididamente desechado por el presidente, dado que su visión era
que la posición neutral de la República en las dos conflagraciones globales
había ocasionado dificultades para la
posterior inserción exitosa del país en los sistemas internacionales surgidos
de ambas posguerras.
Menem estaba convencido, según lo manifestó en reiteradas
oportunidades a lo largo de septiembre de 1.990, que la participación argentina
en el bando aliado en la crisis del Golfo Pérsico, facilitaría el ingreso del
país en el sistema económico mundial de la posguerra fría, logrando de esa
manera un incremento instantáneo del flujo de inversiones extranjeras al país.
Es necesario destacar que a pesar del optimismo
presidencial, el mismo embajador estadounidense ante Argentina, Terence Todman,
aun habiendo expresado el beneplácito de su gobierno por la iniciativa
nacional, se encargó de dejar en claro que la ayuda militar de nuestro país al
suyo ante la emergencia en cuestión no sería algo que cambiaría las relaciones
económicas bilaterales; que no implicaría un aumento automático del flujo de
inversiones del país del norte; y que no supondría un cambio de fondo en el
tratamiento de la deuda externa.
Otro sector que no se declaró
enteramente favorable al envío de tropas nacionales al Golfo, fue la secretaría
legal de la Cancillería. En efecto, el 29 de agosto de 1.990, cuando de hecho
Menem ya había tomado su decisión, Horacio Basabe, consejero legal del Palacio
San Martín, elaboró un memorando secreto en el que especificaba que el Poder
Ejecutivo debería consultar al Congreso Nacional para la salida de fuerzas
nacionales en caso de solicitud de los países citados en el párrafo 1 de la
resolución 665 del Consejo de Seguridad de la ONU. La Carta de San Francisco es
ley de la Nación. En su capítulo VII, más concretamente en su artículo 43 queda
establecida la obligación de los miembros de la organización de colaborar con
la ayuda necesaria para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
Lo cierto es que de una u otra manera, el Consejo de Seguridad no
demandó oficialmente la participación argentina en una fuerza de paz.
Por esto, una iniciativa como la que se proponía Menem,
debería contar con la anuencia legislativa correspondiente. A pesar de lo
acertado del memorando de chancillería, Menem ordenó la elaboración de otro
documento un día después del anuncio del envío de las fuerzas argentinas al
Golfo, rectificando el precedente. En este último texto constaba que la
secretaría legal del ministerio no había hecho un análisis exhaustivo de todas
las posibilidades ofrecidas por la resolución 665, sino que se había limitado a
responder la pregunta planteada.
Finalmente, llegó el momento de
la decisión. Menem estaba totalmente
seguro del paso que estaba dando. Y el 19 de septiembre de 1.990 se firmó el
decreto correspondiente. De esta manera, el Destructor Almirante Brown, la
Corbeta Misilística Spiro fueron enviados junto a dos helicópteros al Golfo.
Violando las disposiciones del artículo 67 (actual artículo 75 inciso 28) de la
Constitución Nacional, no pidió la autorización del Congreso para la salida de
nuestras fuerzas.
El presidente justificó su decisión en términos políticos en
reiteradas oportunidades a partir de esa fecha Es muy clara la postura
interesada, racional (en términos de cálculo frío de costos y posibles
beneficios) del entonces presidentes.
Además de esto, realiza un habilísimo manejo discursivo retomando las ideas del
Perón de 1.946, quien creía que en caso de estallar una Tercera Guerra Mundial,
Argentina saldría beneficiada por tener la posibilidad de vender sus productos
alimenticios a todo el mundo; justamente en el mismo momento que más se alejaba
de los postulados tradicionales del justicialismo en materia de política
exterior; como lo eran la Tercera Posición o el no – alineamiento. Claro que
los beneficios por la participación en la Guerra del Golfo pasaron más allá de la participación de
nuestras tropas en un desfile conjunto con las tropas vencedoras. Esta
verdadera sobreactuación de nuestra política exterior no ayudó a borrar la mala
imagen argentina en la memoria histórica estadounidense. Prueba de ello son las
palabras del embajador Todman comentadas algunos párrafos más arriba y el hecho
que, años más tarde, Washington siguió comportándose hacia la región pensando
en términos de balance de poderes.
Porque si bien otorgó
a la Argentina el rango de principal aliado extra OTAN; apoyó a Brasil en su
candidatura a miembro permanente del Consejo de Seguridad (aspiración
argentina) – siendo que Brasil no se alineó con Estados Unidos en la crisis del
Golfo; y permitió la compra de aviones de combate sofisticados a Chile. Además,
jamás dejó de presionar a nuestro país por cuestiones económicas, comerciales o
de seguridad cuando algún lobby interno así lo exigía. El 11 de septiembre de
2.001, el mundo se estremeció ante los atentados que destruyeron el Centro
Comercial del Mundo en Nueva York y parte del Pentágono en Washington. Por
primera vez desde los sucesos de Pearl Harbor, el territorio de Estados Unidos
sufría un ataque. Y por primera vez desde las guerras por la independencia
contra Gran Bretaña, el territorio continental del país se veía claramente
agredido. Lo nuevo de este episodio, es que las hostilidades no provenían de
una nación antagonista, sino de un enemigo
sin rostro claramente definido.
Sin embargo, la administración de George W. Bush, en poco
tiempo, realizó un retrato del responsable de los hechos: Osama Bin Laden, y su
grupo terrorista Al Qaeda. Así nace la doctrina Bush: “O están con nosotros o
con los terroristas”. De esta manera, de forma similar a la que se hiciera en
los momentos iniciales de la Guerra Fría, se lanza una lucha global contra el
enemigo. Sólo que esta vez el objetivo no era contenerlo, sino destruirlo. Como
consecuencia de los ataques a Estados Unidos, se abre un debate acerca de la
respuesta argentina ante el evento. En esta ocasión, a diferencia de lo
sucedido en 1.990 ante la crisis del golfo, el número de actores que participan
en el proceso decisorio se multiplica.
El Parlamento, los ministros, los diputados, el ex –
presidente Menem, las fuerzas armadas, la opinión pública, son todos
protagonistas, con sus intereses personales u organizacionales, de los tiras y
aflojes de esta decisión. En otros términos, se trató de un proceso decisorio
del tipo descrito por Allison como Modelo III, EN “La Esencia de la Decisión”:
"En contraste con el Modelo I, el Modelo de la Política Gubernamental o
Burocrática) no considera a un actor unitario, sino a varios actores como
jugadores, jugadores que no solo atienden cuestiones estratégicas específicas,
sino también diversos problemas internacionales; jugadores que actúan no con
base a un conjunto consistente de objetivos estratégicos, sino de acuerdo a
variadas concepciones relativas a fines nacionales, organizacionales y
personales; jugadores que toman decisiones gubernamentales no a través de una
elección única y racional, sino a través del tira y afloja característico de la
política.
La intención del gobierno, es imitar la decisión menemista,
aunque procurando salvar todas las apariencias legales nacionales e
internacionales para diferenciarse del estilo autoritario de la administración
anterior. En virtud de ello, la decisión de un eventual envío de tropas para
una coalición punitiva fue consultada con el Parlamento, así como con los
vecinos regionales. De allí la resurrección del TIAR. Pero el gobierno del
presidente De la Rúa, plagado de contradicciones evidentes, se echó atrás en su
objetivo inicial. Desistió de mandar
tropas al showdown1 estadounidense contra el Estado Asiático en el que
presumiblemente se refugiaban los terroristas. Si bien no contó con el pedido
formal de ayuda Estados Unidos, Menem tampoco lo había tenido, y sin embargo
actuó. El motivo de la actitud es simple. Indecisiones del gobierno, peso de
los actores participantes del proceso decisorio; pero por sobre todas las
cosas, los estrechos márgenes de acción impuestos por el contexto externo.
En
el caso del año 2.001, la figura de la Alianza que primero se manifestó en contra
del envío de tropas argentinas al showdown en Afganistán fue un hombre que a
pesar de no estar desempeñando funciones legislativas en ese momento, era un
político relevante en la estructura de la coalición.
Estoy haciendo referencia al Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, quien declaró que el país debía
comprometerse con la paz; que debía contribuir a poner una cuota de
racionalidad para evitar que los sucesos del 11 de septiembre se convirtieran
en una espiral de violencia. Afirmó asimismo que el país debía sí comprometerse
con cualquier medida preventiva de refuerzo a la seguridad, aunque
decididamente no a cualquier definición de guerra, sea ésta convencional o no.
Alfredo Bravo del ARI y Carlos Raimundi del FREPASO, se manifestaron contrarios
al alineamiento a acrítico de la potencia global; y hasta cuestionaron al
presidente De la Rúa por decir que se sintió agredido por los atentados
sufridos por Estados Unidos. Elisa Carrió, líder del ARI, denunció que sería un
acto irresponsable si el gobierno nacional decidiese sumarse a Estados Unidos
en una expedición militar punitiva contra Afganistán. Horacio Pernasetti, jefe
del bloque de diputados radicales fue más allá aún, situando el debate de la
posible resultante política en los términos de una discusión más profunda que
se dio a lo largo de todas las etapas de evolución de nuestra política
exterior: neutralismo o participación.
Este diputado,
contrariamente a las tendencias demostradas por El Diccionario "Webster" de la
lengua inglesa define la palabra showdown como: "The final settlement of a
contested issue or the test of strength by which it is settled". En
castellano se traduce como "La resolución final de un asunto disputado o
la prueba de fuerzas mediante la cual se resuelve". (Webster's Third New International Dictionary
of the English Language, Unabridged, Merriam - Webster inc. Publishers,
Springfield, Massachusetts, U.S.A., 1.993, page 2106). El diccionario
castellano - inglés; inglés - castellano "Simon and Schuster", define
showdown como: "Confrontación decisiva, arreglo de cuentas, prueba
definitiva de fuerzas". Escogí este término de la lengua inglesa porque me
pareció Es mass concisa y apropiadamente define las características que
tuvieron las acciones bélicas estadounidenses sobre Afganistán posteriores a
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2.001.
El Poder Ejecutivo
conducido por un hombre de su partido, dijo que De la Rúa debería respetar la
tradición del radicalismo en el ámbito de la política exterior y mantener a
nuestro país neutral del conflicto que se preparaba. Darío Alessandro, jefe del
bloque del FREPASO en diputados reclamó firmeza contra el terrorismo que mata
gente inocente en el mundo, pero proclamó que la Argentina debe actuar dentro
del derecho internacional y en el marco de las decisiones que tomen las
Naciones Unidas y los países de la región; salvo que esto implique ir a la
guerra. El ex Ministro del Interior Federico Storani, en una posición similar a
la de 1.990, se manifestó contrario a un presunto despliegue de tropas
nacionales en el exterior por considerar que no existía ninguna guerra.
Destacó, sin embargo, que el país debía colaborar con la
lucha contra el terrorismo, pero desde los organismos internacionales.
Argumentó,
asimismo que en 1.990, con el envío de tropas al Golfo la Argentina no había
ganado nada. Que se había vulnerado la Constitución, al no haber consultado el
gobierno al Congreso, en la participación de un bloqueo que de acuerdo al
derecho internacional público es un acto de guerra.
En general, se puede
decir que en el año 2.001, la actitud de los legisladores radicales – con
algunas excepciones -, fue similar a la de los justicialistas en 1.990, sólo
que más prudente. Los legisladores del FREPASO fueron los que más enérgicamente
se manifestaron en contra del envío de tropas argentinas a Afganistán, aún si
las Naciones Unidas así lo solicitaren. Los peronistas, dominados por los
sectores menemistas, volvieron a pronunciarse a favor de una intervención de
las tropas nacionales apoyando a las estadounidenses. Justamente aunque fuera
ya del ámbito parlamentario, desde su arresto domiciliario en Don Torcuato,
Menem, expresó su posición.
El ex presidente argentino sugirió que nuestro país debería
alinearse inmediatamente con Estados Unidos y mostrar una actitud mucho más
firme. Inclusive llegó a recomendar a De la Rúa que no espere la autorización
parlamentaria; así como él hizo lo propio en 1.990. Además, en una reunión que
sostuvo Lincoln Bloomfield, subsecretario de Acción Política y Seguridad del
Departamento de Estado, Miguel Ángel Toma, legislador justicialista
curiosamente titular de la comisión de Defensa al igual que en 1.990, dijo que
el país debería mantenerse coherente con la línea instalada en 1.991, y
manifestó su incondicional apoyo a Washington y destacó que estaba de acuerdo
con el envío de tropas nacionales.
Adujo como defensa de su argumento, que una respuesta
militar estadounidense sería un acto en defensa propia, no de agresión. José L.
Fernández Valoni, diputado por Acción por la República, partido de Domingo
Cavallo, también adhirió al envío de fuerzas.
Luego del entusiasmo inicial del
gobierno, los debates parlamentarios, la negativa receptividad de la opinión
pública de los argumentos oficialistas, la ausencia de pedido concreto de
asistencia de parte de Estados Unidos o de la ONU y la propia y crónica indecisión
presidencial sobre todo, entre otros factores, fueron elementos que influyeron
en la desconcertante resultante. El gobierno, algunos días antes del inicio de
las operaciones bélicas estadounidenses y británicas sobre Afganistán, emite un
documento en el que apoyaba decididamente las acciones que se llevan a cabo con
el propósito de erradicar el flagelo mundial del terrorismo, pero que no estaba
planteado el envío de tropas.
Al día siguiente, el vocero presidencial Juan Pablo Baylac
declaró en un programa radial que el país había ingresado en un debate
llamativo; ya que nadie había estado pidiendo tropas; por lo que la
participación argentina no sería enviando contingentes armados. El Ministro de
Relaciones Exteriores Rodríguez Giavarini, resumió en una sola frase la
posición final de la política exterior argentina ante los acontecimientos, que
es una síntesis de la clásica indecisión de la gestión delarruísta: “ni un paso
atrás, ni un paso adelante”; lo que significaba que no se retacearía la colaboración
con Washington, aunque no se pretendía aparecer ante la opinión pública como
más belicista que Estados Unidos. A comienzos de octubre se conoció el pedido
oficial de Estados Unidos: que Argentina enviara cascos azules a los Balcanes
para reemplazar a sus pares estadounidenses que irían a prestar servicio en
Afganistán. La primera década del siglo XXI, muestra un sistema en transición
hacia un nuevo concepto de seguridad global, en el cual es la potencia
hegemónica agredida aquella que determinará de qué manera habrán de colaborar
los aliados.
Y en este caso, Condoleezza Rice, principal asesora de seguridad
nacional estadounidense, se encargó de aclarar la postura de su país respecto
del apoyo argentino y regional: agradeció la iniciativa diplomática de resucitar
el TIAR, pero exigió que Argentina, Brasil y Paraguay, se dediquen a custodiar
mejor la zona de las tres fronteras... Nuestro gobierno se limitó entonces
simplemente a ofrecer que tropas argentinas reemplacen a los cascos azules estadounidenses
en los Balcanes, a fin de que éstos puedan cumplir sus obligaciones en
Afganistán. Los deseos y las motivaciones personales y organizacionales de los
jugadores endógenos pesaron sin lugar a dudas en la resultante de este proceso
de toma de decisiones.
Sin embargo, en este nuevo sistema que está naciendo, el
contexto externo se impuso con todo su peso sobre nuestro país para demostrar
que independientemente de las buenas intenciones, en el siglo que se inicia es
la potencia hegemónica y no un Estado subordinado el que determinará el nivel
de alineamiento aceptable.
Por todo lo expuesto, concluyo que la política exterior de
la República Argentina de la última década, al menos en el aspecto de toma de
decisiones, no ha presentado características de modernidad. En otras palabras,
a pesar de la mayor apertura del proceso decisorio de la primera administración
nacional del siglo XXI, respecto de la precedente; las decisiones tomadas en
los casos de prueba seleccionados, constituyeron simplemente respuestas reactivas
a estímulos de variables contextuales tanto internas como externas y no un
producto de una iniciativa autónoma y cuidadosamente estudiada de los actores
participantes del proceso.
ACA NO HUBO CASCOS AZULES
FUIMOS A UNA GUERRA
