Pareciera que tanto los jefes de la Armada Argentina como los representantes políticos de aquella época –y obviamente los actuales-, han sido atacados por una aguda amnesia que no les permite acordarse de cuáles fueron las circunstancias fácticas, jurídicas y políticas en que dichos buques de guerra fueron enviados a las aguas del Golfo Pérsico. Y es que a razón de verdad, de esclarecerlas llevaría a que se deban reparar varias situaciones que han sido mantenidas bajo el tapete de la historia.
La versión oficial que aún subsiste en los empolvados anaqueles de los archivos del Congreso, de la Armada y del Archivo General de la Nación relata que el envío de las naves al Golfo fue por un “mandato de Naciones Unidas” para el “mantenimiento de la paz”; para empezar, ambas son dos grandes falacias.
Cuando se produjo la llamada “Crisis del golfo” tras el ingreso de tropas iraquíes al emirato de Kuwait el 2 de agosto de 1990, Buenos Aires se hallaba en intensas gestiones para seducir a Washington con miras a que trajeran inversiones privadas con el objeto de reflotar un país casi quebrado.
Por esas casualidades del destino, una misión del ministerio de defensa encabezada por el entonces ministro Humberto Romero se hallaba en Washington a la sazón de entrevistarse con George H. Bush y el entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto el general Collin Powell, para supuestas tratativas sobre la situación de las FFAA argentinas carentes de repuestos de varias unidades de fabricación norteamericana y sobre la situación del proyecto “Cóndor”. Justamente en esos momentos, estalló la crisis lo que supuestamente obligo a que Bush y Powell partieran raudos a Arabia Saudita, dejando a la comitiva argentina para ser atendida por el vicepresidente y funcionarios intermedios.
Pero más allá de estas casualidades y bajo el influjo informativo de la versión oficial de Washington, el gobierno de Menem sin analizar las verdaderas implicancias y sin considerar claramente los alcances de lo que podría devenir una participación militar en el Medio Oriente, se comprometió a participar junto a lo que “EEUU decidiera”. Si bien el gobierno argentino argumentó la salida de los navíos el destructor “ARA Alte. Brown” y la corbeta “ARA Spiro”, supuestamente conminadas por resoluciones de Naciones Unidas, ha quedado claro que ello no justificaba jurídicamente la remisión de una “misión de combate” como la que representó el grupo de tareas T.88.I que desde su ingreso al Teatro de Operaciones en el Mar Rojo comenzó con actividades que en el derecho internacional de la guerra representan actos hostiles contra una nación soberana. Esto último hay que subrayarlo, ya que no hubo un mandato de “paz” o una resolución de carácter vinculante del Consejo de Seguridad para emprender dichas acciones.
Aquella ocasión, representó para el gobierno de Menem la oportunidad para dar el salto a lo que él y sus seguidores neoliberales llamaban el “primer mundo” y para ello extendió un cheque en blanco a la Casa Blanca para que dispusieran como lo iban a cobrar. El verdadero trasfondo del envío de éste grupo de batalla no fue otro que el seguir una agenda de política externa que obsecuencia mediante, no midió consecuencias y una de ellas sería, la situación de los efectivos que habían sido enviados a lo que terminó siendo una guerra alta intensidad.
Es a partir de aquella situación de hecho en la que más de quinientos hombres de la Armada Argentina se vieron involucrados primeramente en actividades hostiles como fue el bloqueo económico y de mercancías a la república árabe de Irak, que fueron involucrándose en lo que en la jerga militar se denominan “operaciones militares” que no fueron, ni simuladas ni de mero apoyo simbólico a los esfuerzos de la Coalición Aliada como algunos desinformados trataron de argumentar a lo largo de estos años.
En esa situación y en consideración a las tecnologías militares que se hallaban disponibles en aquel entonces, vale la pena recordar que los peligros de la inserción de ambas naves dentro de un estrecho Teatro operacional –en cuanto a las distancias físicas- como el que representó el espacio acuático del Golfo Pérsico, duplicaron los peligros a los que se vieron expuestos los combatientes de la “Coalición” y por ende los marinos argentinos. Con solo unos cientos de kilómetros de anchura del Golfo, el margen de maniobrabilidad ante amenazas navales lo hacía prácticamente nulo. Y esto solo refiriéndonos a los “peligros convencionales” (misiles, minas y sabotajes) que muy bien pudieron haber causado estragos en el grupo ALFIL I.
Uno de los peligros con que convivieron los argentinos fue, la de tener que operar en aguas plagadas minas que habían quedado de la guerra entre Irán e Irak y que aún permanecían activas. El dato revela que el grupo de tareas se vio involucrado en aguas próximas a las operaciones bélicas que se llevaban sobre Kuwait e Iraq. Es más, según los documentos de las unidades navales de la Coalición agrupadas en el NAVCENT, revelan que tanto el “ARA Brown” como el “ARA Spiro”, realizaban tareas de custodia y patrulla del grupo de ataque liderado por el portaaviones estadounidenses “USS-Midaway” desde donde se lanzaban constantes operaciones aéreas que bombardearon posiciones iraquíes en Kuwait y que llegaban a Bagdad. Y la posición señalada no era para nada relajada ya que, según se especulo recurrentemente por los estrategas en Dahram, si Irán se salía de la neutralidad en la que se había posicionado y pasaba a dar su apoyo a Bagdad, el principal blanco a la vista hubiera sido el portaaviones y todo su grupo entre ellos, los barcos argentinos.
Igualmente y más allá de aquellas ponderaciones –de las cuales los marinos no estaban al tanto- el grupo ALFIL I cumplió su misión de batalla y permaneció en actividad hasta el cese de las hostilidades. Si no fueron alcanzados por el fuego del bando iraquí solo fue una cuestión fortuita ya que, las posibilidades estuvieron servidas.
Ahora bien, pese a ello, los marinos argentinos no han sido debidamente reconocidos por sus méritos en el fragor de esas jornadas, algo que a la vista de la distancia histórica, representa una inconsecuencia que los deja injustamente discriminados en consideración de aquel evento bélico y del reconocimiento que recibieron sus camaradas de las armadas involucradas. En este sentido, pareciera que el gobierno de Menem creyó que podía exponer a los recursos del estado nacional –incluyendo a los humanos-, sin reconocer puntos específicos que hacen a lo estrictamente material y jurídico, sacrificables bajo el erróneo eslogan “Por la Patria o la Paz internacional”. Creyendo equivocadamente que al no haber habido bajas, sus efectivos no eran dignos de reconocimiento y menos aún de alguna compensación por los servicios prestados, les dio las gracias, una apretada de manos al anterior Jefe del Estado Mayor de la Armada y adiós.
Sin dudas se trató de una avivada política que los jefes de estos hombres dejaron pasar. Pero esta omisión del entonces gobierno menemista no desapareció por el paso del tiempo y mucho menos ha perdido legitimidad en cuanto al fondo del reclamo de cada uno de los miembros de las dotaciones actuantes. Para que se entienda la mecánica de este proceder, los marinos argentinos deben recordar lo que lastimeramente ocurrió con sus camaradas del Ejército Argentino, quienes si habían sido enviados bajo el pabellón de Naciones Unidas como “Cascos azules” a Croacia entre 1991 a 1995 y que algunos de ellos, al ser alcanzados por fuego de los contendientes, regresaron heridos o con severos daños. Ese mismo gobierno les dijo “que no les debían nada” y ahí se terminó el tema (v.
También habría que recordar, hasta donde estaba dispuesto aquel gobierno menemista con tal de agradar a Washington y lograr de ese modo, aquella demorada promesa de convertir a la Argentina en un país aliado de la OTAN, que en 1998 le ofreció a Washington enviar nuevamente tropas contra Irak, pero esta vez, enviando tropas de tierra
Para ir concluyendo, queda claro que si aquellos marinos que participaron activamente en las tareas de combate dentro del Teatro de Operaciones de lo que se conoció como “guerra del Golfo” entre 1990 y 1991, su posición con respecto a esos cascos azules es claramente disímil ya que, las dotaciones del grupo ALFIL I estuvieron involucrados con una de las partes (Coalición) lo que la legislación internacional reconoce a los combatientes de una guerra derechos inherentes a tal condición, mientras que los llamados “cascos azules” están llamados por un mandato de la ONU a separar a las partes del conflicto. Que esto no haya querido ser visto por el gobierno es una cosa, pero ello no significa que no exista ese derecho latente a ser reconocidos como “veteranos” con todos los derechos patrimoniales inherentes a la calidad de tal.